Por: Ángel Torija [@brokesus]
13 de enero 2026
Mientras la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM organiza actos conmemorativos en torno a fechas como el 8M y el 25N -al mismo tiempo que emite pronunciamientos en pos de la erradicación de las violencias contra las mujeres-, en sus pasillos y [j]aulas se reproduce una práctica profundamente contradictoria: la persecución y criminalización de quienes denuncian las violencias que la misma institución genera, permite, encubre o administra en contra de sus estudiantas y estudiantes.
La reciente privación de la libertad del compañero identificado como Arturo Lugo Macías <Shevek>, ocurrida la mañana del 8 de enero de 2026 por parte de la FGR, tras haber participado en protestas y denuncias completamente legítimas contra las violencias en razón de género dentro de la FES Acatlán, pone en evidencia una hipocresía innegable: la UNAM, y particularmente la administración de la FES Acatlán -tanto la de Manuel Martínez Justo, como la de Nora del Consuelo Goris Mayans-, ha optado por la gestión simbólica del postureo feminista y humanista, antes que su reflejo tangible en la materialidad de la comunidad universitaria.
Paz de calendario, violencia del diario
Es un hecho que los eventos conmemorativos en Acatlán se presentan bajo un lenguaje aparentemente humanista: prevención, concientización y perspectiva. Sin embargo, también es un hecho que el discurso nunca pasa del discurso, y esa no acción -que sea que no hace, sino que solo dice- nunca se traduce en garantías reales para las estudiantas, ni en condiciones seguras para quienes acompañan y visibilizan sus denuncias. Por el contrario; cuando la denuncia deja de ser administrable, es decir, cuando sale del canal institucional porque incomoda, apunta a responsables y/o evidencia complicidades, la respuesta deja de ser el diálogo y se torna en castigo, acoso y represión institucional, estatal y paraestatal.
Disidencia controlada
La persecución y privación de la libertad del compa Shevek revela una preocupante estructura represora de fondo: las universidades han convertido la lucha contra las violencias en un dispositivo burocrático de control y no en un compromiso real de dignificación. El discurso funciona como adorno y la disidencia real -la que incomoda, denuncia y se organiza por fuera- es categorizada como amenaza.
¿De qué lado está la UNAM?
No hay coherencia alguna entre conmemorar la disidencia y al mismo tiempo reprimirla. No hay perspectiva de género cuando se protege al agresor y se castiga al denunciante. No hay educación cuando el costo de hablar es la cárcel. Las acciones contra la represión no tienen por qué seguir siendo desde lo individual: son y deben permanecer como una exigencia colectiva para que la UNAM se deje de simulaciones y asuma su responsabilidad histórica frente a las violencias que atraviesan sus espacios, porque criminalizar la palabra que se alza contra la violencia, es también una forma de ejercerla. Denunciar los abusos en cualquiera que sea la universidad no debería ser un acto de valentía heroica; sin embargo, hoy implica riesgo, exposición y represión.
Hasta aquí mi palabra, camaradas. Pronta libertad para Shevek y justicia para todas las víctimas de las violencias que se ejercen desde el poder.
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